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La Caja de Profesionales Universitarios busca cambios internos en las jubilaciones similares a los que establece el proyecto de reforma de la seguridad social en Uruguay.

La Caja de Profesionales Universitarios hizo público el anteproyecto de ley que le presentó la semana pasada al Poder Ejecutivo, a partir del cual pretende reformar su sistema de jubilación en línea con la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno en Uruguay, y así lograr la sostenibilidad de la institución más allá del 2024.

Entre los cambios más destacados están el aumento de la edad de retiro, la disminución de los haberes jubilatorios, el incremento en la tasa de aportación de los activos y la creación de una nueva tasa que deberían pagar los pasivos. También agrega algunos beneficios que son resaltados por las autoridades, tales como la mejora del subsidio por maternidad, que se eleva a 100% del sueldo ficto patronal.

Si bien es sabido que este texto no será el final, sino que desde el Poder Ejecutivo modificarán algunos puntos —y, luego, en el Parlamento puede sufrir más modificaciones—, desde la Caja de Profesionales esperan que el gobierno les exija un esfuerzo mayor a los usuarios a cambio del dinero que la institución necesita para dejar de utilizar sus reservas ya agónicas, un monto que estaría alrededor de los 20 millones de dólares anuales.

Uno de los principales cambios en el sistema jubilatorio que plantea el anteproyecto de ley es la elevación de la edad mínima de retiro a los 65 años, aunque —al igual que a nivel nacional con la reforma del sistema previsional del gobierno— se prevé una etapa de transición para las personas que tengan entre 51 y 56 años al momento de la sanción de la ley. Quienes tengan 57 años o más, podrán jubilarse con el régimen todavía vigente.

Asimismo, es posible que las jubilaciones pasen a ser menores que las actuales. Por un lado, porque se calcularán en base a un promedio de los últimos 18 años, y no de los últimos tres como hasta ahora; y, por el otro, porque la tasa de reemplazo mínima pasará del 50% al 45%, con un nivel intermedio del 47% para la etapa de transición —período que también estará presente en lo que es el cálculo del sueldo básico jubilatorio.

También se incrementará la tasa de aportación del 16,5% actual al 19%; y se propone crear una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja, la cual estará a cargo de los jubilados y pensionistas de la institución. Las tasas de este aporte se calcularían con una escala medida en bases de prestaciones y contribuciones (BPC), y solo la pagarían quienes ya se encuentran jubilados y quienes lleguen a retirarse con el régimen actual, y no con el nuevo.

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La institución presentó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un anteproyecto que busca reducir el déficit a partir de cambios paramétricos en las jubilaciones.

El sector de la coalición gobernante quiere cambios durante el debate previsto en la Cámara de Diputados.

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