La Ordenanza de Mobilidade en Espazos Públicos entró en funcionamiento en octubre de 2020, pero para amortiguar el impacto sancionador de la medida, el Gobierno local decidió dar un margen de tres meses antes de sacar el recetario. Durante ese tiempo, se informó a usuarios de patinetes y bicicletas que ya no podrían seguir utilizando las aceras ni las zonas peatonales para sus desplazamientos, debiendo ceñirse únicamente a la calzada.

Tras ese periodo de bula, la Policía Local recibió instrucciones de intensificar la vigilancia sobre estas prácticas cada vez más extendidas y de denunciar a los infractores. Y ese mayor rigor se ha traducido en un notable aumento de las sanciones.

El conjunto de las multas también ha experimentado un sensible crecimiento, al pasar de las 13 del año 2020 a las 40 computadas hasta el pasado 15 de noviembre.

Curiosamente, el 85% de las denuncias (34) se tramitaron en solo 15 días. Fue en abril, cuando la Policía Local realizó una campaña especial para controlar el cumplimiento de la normativa.

Más de la mitad de las irregularidades detectadas (hasta un total de 26) fue circular por las aceras. Los agentes interceptaron a siete patinetes eléctricos y a 19 bicicletas, lo que supone multiplicar por 20 el único caso detectado hace dos años, en el estreno de la ordenanza.

La segunda infracción que acumula más sanciones es circular habiendo consumido alcohol o drogas. Un total de siete usuarios (cuatro de bici y tres de patinete) dieron positivo el pasado año, frente a los cuatro de 2020.

En cuanto al uso del casco, se aprecia una concienciación colectiva, pues sólo hubo que interponer dos multas a otros tantos ciclistas, cifra similar a la de hace dos años.

Más de la mitad de las irregularidades detectadas fue circular por las aceras. Los agentes interceptaron a siete patinetes eléctricos y a 19 bicicletas

Otros dos ciclistas fueron denunciados por circular mientras hablaban por el teléfono móvil y un patinete por ir dos personas montadas en él. Las sanciones son de 200 euros (pueden llegar a los 500 en casos más graves o reincidentes) y, según había comentado la concelleira de Protección Cidadá, Eva Vilaverde, los datos constatan que "estamos nunha cidade amable e sen problemas de convivencia entre peóns e VMP ou bicicletas", y los que no cumplen son "unha minoría da que hai que estar enriba porque é insolidaria e non encaixa no modelo de mobilidade de Pontevedra ou ben porque descoñece a norma".

Explicó que la campaña de especial vigilancia de abril se llevó a cabo porque "chegaran ao Concello algunhas queixas de aumento de velocidade e de mal uso dos espazos públicos por parte de bicicletas e VMP", dijo, si bien durante los días de control no se localizó a ninguno circulando en sentido contrario al de la vía.